WASHINGTON. – La amenaza se cumplió por esta vez. A las 00:01 de este miércoles y en vista de la falta de acuerdo en el Senado para adoptar una prórroga de la financiación de los fondos federales, llegó el —siempre temido en Washington— cierre parcial del Gobierno, el primero en casi siete años. Fue después de que los demócratas de la Cámara alta se negaran a transigir con la aprobación de un parche que había permitido que el grifo de la Administración permaneciera abierto durante siete semanas hasta el siguiente examen presupuestario del 21 de noviembre.

¿El motivo? Buscaban un compromiso por parte de los republicanos de que no desaparecerá al final de año una parte de los subsidios aprobados durante la pandemia correspondientes a la ley conocida como Obamacare, que extendió la protección médica a millones de estadounidenses no cubiertos por los seguros privados.

También pedían la reversión de los recortes a Medicaid y otros programas de salud contenidos en la “ley grande y hermosa”, la gran reforma fiscal de Donald Trump. Esas exigencias obedecían tanto a la necesidad urgente de enviar a su base electoral la señal de que, casi un año después de la derrota en las urnas, están listos para la batalla con Trump, como a la confianza en que cambiar la bandera del gasto en sanidad les traerá réditos en las elecciones de 2026.

Los republicanos, por su parte, empujaron hasta el final por la aprobación de la prórroga, durante la que, con el Gobierno abierto, prometían discutir sobre esas exigencias.
Las últimas horas antes del shutdown, que es como se conoce en la jerga de Washington a un fenómeno recurrente (el Gobierno ha cerrado 21 veces en los últimos 50 años), se fueron, más que en una vertiginosa negociación a contrarreloj, en una perezosa medición de que la cosa no tenía marcha atrás, así como en un cruce de acusaciones entre ambos partidos.

También en un par de votaciones a tientas y sonámbulo en el Senado, donde los republicanos tienen 53 escaños (frente a los 47 de sus rivales) y necesitaban 60 votos para obtener la mayoría cualificada. En la Cámara de Representantes, los conservadores cuentan con una mayoría simple, suficiente en este caso, y ya habían solventado el trámite antes de que su jefe, el portavoz Mike Johnson, dio vacaciones a sus congresistas, que se fueron a casa a esperar lo inevitable. A las 19:00 del martes estuvo claro que no habría pacto in extremis, cuando la última votación de su propuesta se saldó con 55 votos a favor y 45 en contra. Cuatro senadores se pasaron de bando. Fueron los demócratas John Fetterman (Pennsylvania) y Catherine Cortez Masto (Nevada) y el independiente Angus King (Maine), así como Rand Paul, republicano disidente de Kentucky, que votó con los demócratas.

Trump había recibido el lunes a los cuatro líderes de ambos partidos en el Capitolio para discutir cómo someter el shutdown. No sirvió de mucho, salvo para que el presidente de Estados Unidos se dejara pasar la oportunidad de empapar el debate que habían mantenido a puerta cerrada con la publicación, unas horas después, de un ofensivo mensaje en su red social, Truth.

Se trató de un clip para el que alteró con intención racista y con la ayuda de la inteligencia artificial el rostro de las declaraciones de ambos líderes demócratas, Hakeem Jeffries (líder de la minoría en la Cámara de Representantes) y Chuck Schumer (Senado).

El presidente de Estados Unidos amenazó la semana pasada con que aprovechará este impasse en la financiación federal para despedir indefinidamente a miles de funcionarios (tantos como hasta 600.000). Eso le permitiría continuar con las tareas de demolición de la Administración pública que comenzaron con su regreso al poder y con la creación de esa «motosierra» del gasto federal llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), al frente de la cual puso a Elon Musk. Cualquier cierre de Gobierno supone la suspensión temporal de empleo y de sueldo de muchos de esos funcionarios (por ejemplo, del 89% de la fuerza laboral de la agencia de protección del medioambiente y del 87% en el Departamento de Educación).

La diferencia es que este puede significar que esos empleados nunca vuelvan al trabajo si la Casa Blanca cumpliera sus amenazas. Se da además la circunstancia de que este 1 de octubre expiraba el plazo para los trabajadores federales que siguieron cobrando antes de que sus despidos, ordenados por el DOGE entre el final del invierno y la primavera, se hicieran efectivos.